El 2020 también lo recordaremos como el año en el que se hizo justicia con el Pazo de Meirás. Al menos de momento. Han tenido que pasar 82 años para que una magistrada declare nula la "donación" que se efectuó al jefe del Estado en 1938. El pazo pertenece al estado, y no a la familia Franco. Sin embargo, la sentencia no es firme, y por tanto la familia podrá recurrir, y lo hará, como no podía ser de otra manera, puesto que ellos están por encima de la Justicia y por encima de cualquier administración y, por qué no decirlo, por encima de los derechos humanos, porque ellos son los Franco. Esta resolución llega tras varios años en los que el gobierno gallego (y la ley) obliga a la familia a abrir el edificio al público al menos cuatro días al mes, debido a su declaración como BIC (aunque era la Fundación Francisco Franco quién se supone que llevaba a cabo estas visitas), hecho que sólo han podido comprobar unos pocos afortunados. No sé hasta qué punto este dictamen